Debido a que, en esta semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, realizó redadas en varias ciudades, incluyendo espacios considerados «protegidos», como escuelas, iglesias y hospitales, la abogada Astrid Montealegre, del programa Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, NAHRA, explicó que cómo estas medidas afectan directamente a los nicaragüenses.
Detalló que las tres principales políticas incluyen el fin del parole humanitario, el restablecimiento del programa “Permanecer en México” y la eliminación de las prioridades de deportación, señaló que el fin del parole humanitario perjudica tanto a quienes ya habían recibido la aprobación como a quienes esperaban completar el proceso.
“Las personas que ingresaron al país con parole humanitario podrán quedarse durante el tiempo establecido, siempre y cuando ajusten su estatus por otro mecanismo antes de que este expire”, explicó la experta.
Montealegre recordó que las personas deben presentar su solicitud de asilo antes de cumplir un año en el país. Si lo hacen después, deben justificar el retraso con razones válidas, aunque dependerá del oficial de migración decidir si la solicitud procede. Sin embargo, las estadísticas no son favorables para los nicaragüenses, apenas el 30% de las solicitudes de asilo de esta comunidad son aprobadas, frente al promedio nacional del 50%.
Finalmente, la abogada aconsejó a los indocumentados no entregar documentos a los agentes de ICE o la Patrulla Fronteriza. “Tienen derecho a permanecer callados y a solicitar un abogado”, afirmó. La única excepción es si un policía de tránsito los detiene mientras conducen; en ese caso, deben mostrar únicamente la licencia de conducir.
